Un año de Juan Guaidó, entre esperanza y realidad

En 2018, antes de que Juan Guaidó asumiera la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) frente al vacío que la estrategia de Miraflores ya venía causando en la primera línea de su partido, no muchas personas lo conocían. Aunque había sido presidente de la Comisión de Contraloría del la AN y jefe de fracción de la oposición en el Parlamento, su proyección mediática era casi igual a cero.

Sólo los habitantes de Caraballeda, Los Corales, Macuto y Corapal, pertenecientes al otrora estado Vargas, donde nació y creció; sus ex compañeros de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); algunos periodistas de la fuente parlamentaria y unos cuantos militantes de Voluntad Popular (VP) eran capaces de reconocerlo en la calle. En el último trimestre de 2018, su nombre comenzó a sonar para integrar la junta directiva de la Asamblea Nacional. En noviembre de ese año se creó una ficha suya en Wikipedia que sólo tenía cuatro párrafos y 1.534 caracteres.

Un año después, el 54,1% de los encuestados por Datanálisis (Noviembre 2019) dijo estar dispuesto a votar por él si las elecciones presidenciales fueran en ese momento y el otro candidato fuera Nicolás Maduro (15,1%). Hoy su ficha en Wikipedia tiene más de 100 actualizaciones, consta de un índice con 10 categorías, casi 30 mil palabras y unos 50 párrafos.

A lo largo de todo 2019, Datanálisis midió la popularidad (valoración de gestión) del joven dirigente guaireño. Visto en perspectiva un año después, su figura pasó de significar la esperanza de lo posible a la incertidumbre de lo real.

Potencia vs. movimiento

Luego del 23 de enero de 2019, cuando Guaidó tomó juramento como presidente encargado de Venezuela ante una multitud en Caracas, su popularidad se disparó y cerró febrero con 61,2%. La más alta para un opositor venezolano en los últimos tiempos. Los siguientes tres meses con el intento fallido de ingresar la ayuda humanitaria, el fracasado llamado a la insurrección militar, y las negociaciones de Oslo y Barbados, la valoración positiva se mantuvo en 58% en promedio, de acuerdo a los números de la encuestadora.

Pero a partir del segundo semestre de 2019, la imposibilidad de concretar la hoja de ruta ofrecida en enero (“cese de la usurpación”, “gobierno de transición”, y “elecciones libres”) incidió en la lectura que la gente estaba haciendo del proceso. Se le veía como el líder indiscutible de la oposición, pero se comenzó a dudar de la posibilidad real de que pudiera protagonizar un cambio. Diciembre 2019 cerró con 38% de popularidad, según refirió la cadena Telemundo en la primera semana de enero 2020.

En opinión del director de Datanálisis, Luis Vicente León, la figura de Guaidó podría verse fortalecida luego de los eventos del 5 de enero de 2020, cuando la administración Maduro, apoyada en la Guardia Nacional y la Policía Nacional, impidió por la fuerza su ingreso al Palacio Federal Legislativo para instalar la sesión del día donde sería reelecto como Presidente de la Asamblea Nacional. Pero sostiene que esos hechos por sí solos no serán suficientes para reimpulsarlo: “Tiene que convertir esa energía potencial en energía cinética”.

Ayuda humanitaria en el limbo

Al iniciar febrero de 2019, Guaidó anunció que el país recibiría la ayuda humanitaria internacional procedente de tres puntos de acopio: Colombia, Brasil y el Caribe. Dos días después, ante la insistencia de la prensa de conocer un plan B en caso de que Maduro impidiera el ingreso, Guaidó aseguró que la ayuda llegaría al país “sí o sí” en la fecha prevista. Esa afirmación, que llenó de expectativas a millones de venezolanos, terminó en fotos de camiones con ayuda humanitaria quemada en los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia, por la acción de los cuerpos de seguridad de Maduro.

Un total de 600 toneladas de insumos para atender las necesidades más elementales de salud y alimentación de poblaciones vulnerables permanecieron en Colombia. Otras 200 toneladas no salieron de Brasil, y el barco procedente de Puerto Rico con 200 toneladas más fue devuelto bajo amenaza de ataque militar de Venezuela.

Unos días antes, 60 países del mundo se habían reunido en Washington en la Conferencia Mundial por Venezuela y recabaron 100 millones de dólares en insumos y asistencia; mientras cinco gobiernos europeos confirmaron a Guaidó otros 18,5 millones de dólares con el mismo fin.

Aunque Guaidó y varios de los donantes han aclarado que los aportes no le fueron entregados a la Asamblea Nacional ni a los diputados -incluso el gobierno colombiano informó en su momento que la ayuda sería distribuida a venezolanos y colombianos en situación de riesgo en Colombia– el pasado 15 de enero de 2020, Guaidó desperdició una oportunidad valiosa para informar a la población qué pasó con esos donativos.

Ese día, el Presidente de la AN ofreció su mensaje anual, conforme lo establece el Artículo 237 de la Constitución, pero en vez de exponer en detalle de qué manera su gobierno interino logró ingresar parte de los donativos y a cuántos venezolanos lograron ayudar, dedicó los 14 minutos de su mensaje a hablar en términos generales de su año como interino.

Este 15 de enero Guaidó tampoco precisó la cantidad y ubicación de los activos recuperados de la República, ni habló del estatus de producción de las empresas públicas en el exterior intervenidas por su gobierno, ni de las gestiones a favor de los desplazados realizadas por los más de 30 representantes diplomáticos nombrados por él. Tampoco explicó por qué el retraso en la designación de un contralor especial, prometida en junio de 2019; ni en qué medida la imposibilidad de alcanzar el objetivo planteado en 2019 le llevará a revisar su estrategia de cara al 2020.

El 30A y el mensaje a la FAN

Un par de días antes del 30 de abril de 2019, Guaidó prometió que la movilización del 1^o de Mayo marcaría un hito en la lucha por la restitución de la democracia en Venezuela, que sería la fase final de la “Operación Libertad”. Pero cuando llegó el día sus seguidores estaban desconcertados por los hechos de la víspera.

La gente quería que le explicaran qué pasó el 30A cuando Juan Guaidó y Leopoldo López madrugaron a las afueras de la Base Aérea La Carlota junto a un puñado de soldados de rango medio y bajo, llamando a una insurrección contra Maduro que no se produjo. Días después se develó un entramado de reuniones, compromisos y traiciones de último minuto que habrían tirado por la borda un supuesto plan para lograr dos pronunciamientos institucionales contra la continuidad de Maduro en el poder: El del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

El 30 de abril resume las dificultades que ha tenido Guaidó para comunicarse con la FAN, no sólo por los muros de inteligencia y contrainteligencia levantados por Maduro para impedir que su mensaje llegue, sino porque el mensaje, cuando se ha producido, no parece claro. A juicio de la experta en temas militares, Rocío San Miguel, hay dos elementos a considerar en lo que respecta al apoyo militar: Uno, que los militares sólo van a respaldar al sector al que ellos vean con opción real de ejercer el poder, no con promesas o voluntad de ejercerlo. Y dos, que en todo el primer semestre de 2019 Guaidó no explicó con precisión cuál será el rol de la FAN en un eventual proceso de transición.

Sobre este punto, el propio Guaidó ha admitido: “La gran diferencia entre los que dieron el paso y los que no, ha sido poder hablar, acceder a conversar. La diferencia con Christopher Figuera (ex director del Sebin que desertó del gobierno de Maduro) es que pudimos hablar directamente, y ahí se ve claramente cómo podemos avanzar”.

El profesor Benigno Alarcón, politólogo e investigador de la UCAB, añade un tercer elemento: Históricamente la Fuerza Armada no se divide ni se fractura, sino que actúa en bloque, “porque cuando se fractura ocurren las guerras civiles”. Sostiene que si bien dentro de la FAN también existe descontento con la situación del país, el mensaje de Guaidó no ha sido lo suficientemente sólido como para lograr que el alto mando militar, los comandantes, la tropa viren y le den la espalda a Maduro.

El mensaje de Guaidó a los uniformados ha sido este: El 5 de enero de 2019 les pidió respaldo para convocar elecciones libres; el 8 de enero de 2019 les ofreció “amnistía y garantías” a quienes desconocieran al régimen pesuvista; semanas después aclaró que todos preservarían sus rangos, puestos de comando y cargos siempre que no hubieran violado Derechos Humanos.

Los días 30 de enero y 2 de febrero convocó a sus seguidores a entregar en la puerta de los cuarteles el proyecto de Ley de Amnistía y GarantíasConstitucionales; el 30A se refirió a los militares que le acompañaban como “valientes soldados y valientes patriotas” y aseguró que “las fuerzas armadas están del lado del pueblo”; el 19 de septiembre de 2019, dijo que en el Consejo de Estado que lideraría la transición y que propuso a Maduro en Barbados, la FAN tendría representación con voz y voto.

El lunes 6 de enero de 2020, Guaidó reclamó directamente a Vladimir Padrino López por la militarización del Palacio Federal Legislativo ocurrida la víspera; y el 15 de enero cuando maestros y periodistas fueron atacados en las inmediaciones de la AN por civiles armados sin que la FAN ni la policía intervinieran, los llamó “cómplices de la dictadura”.

Barbados, un formato insuficiente

En las 72 horas siguientes al 23 de enero de 2019, Guaidó logró el respaldo y reconocimiento como Presidente encargado de 50 países del mundo. Desde ese momento hasta el día de hoy, casi 10 gobiernos más han hecho lo propio, incluyendo las recientes adhesiones de Uruguay y Bolivia, ex aliados de Maduro. Esos mismos gobiernos le han ratificado su respaldo luego de su accidentada reelección.

Ese apoyo también fue importante para que Guaidó sorteara las dificultades políticas, sobre todo a lo interno, de las negociaciones en Oslo y Barbados promovidas por Noruega. Aun cuando entre enero y marzo de 2019, Guaidó fue ambiguo sobre la existencia o no de reuniones con representantes de Maduro, siempre dijo que estaría dispuesto a hablar si hubiera posibilidades reales de acordar una salida.

Las conversaciones se formalizaron en abril y murieron en agosto-septiembre cuando la delegación de Guaidó presentó la propuesta de acuerdo final y la delegación de Maduro se paró y montó tienda aparte con sectores minoritarios de la oposición. La semana pasada, a propósito del intento de Noruega por reactivar las conversaciones, el diputado e integrante de la comisión opositora en el mecanismo de Oslo-Barbados, Stalin González, reconoció que “el PSUV siempre está dispuesto a reunirse, pero nunca está dispuesto a acordar”, y por ello ese formato es insuficiente.

Esa falta de disposición de llegar a acuerdos ya había quedado manifiesta en 2018 en Dominicana y en 2016 en Caracas con El Vaticano como facilitador. Pero la más reciente muestra ha sido el boicot del PSUV a la comisión preparatoria de la Asamblea Nacional para la designación del Comité de Postulaciones Electorales que debería elegir al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde diciembre, pero sobre todo la última semana, el oficialismo ha dejado claro que su ruta no será el acuerdo político ni el procedimiento constitucional, sino la imposición de la directiva electoral por el TSJ.

Un elemento a destacar es que a la par de las negociaciones en Barbados, Guaidó hizo el lobby necesario para lograr con éxito la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y desde ese escenario afinar la persecución de activos y fondos en la región producto de la corrupción, además de la prohibición de ingreso a 29 funcionarios y empresarios maduristas a 16 países de Latinoamérica. Esto se suma a las sanciones impuestas por Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, Unión Europea y Canadá sólo en 2019.

En medio de ese agitado año político, las instituciones del Estado al servicio de Maduro han perseguido y acosado a Juan Guaidó por todas las vías posibles. Fue detenido por el Sebin durante 45 minutos; se le inhabilitó políticamente para ejercer cargos públicos por 15 años; se le despojó de su inmunidad parlamentaria; se le prohibió salir del país y sus cuentas y bienes fueron congelados primero, y bloqueados después. Su jefe de despacho, Roberto Marrero, cumple el próximo mes de marzo un año preso. Uno de sus colaboradores cercanos, el diputado Sergio Vergara tuvo que huir al exilio. Y 21 diputados -entre principales y suplentes- le quitaron el apoyo, presuntamente a cambio de varios miles de dólares.

Juan Guaidó cumple un año como Presidente encargado este 23 de enero, fecha que coincide en Venezuela con la conmemoración de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958. En ese contexto Guaidó se lanzó una sorpresiva gira internacional en búsqueda, ha dicho, de reforzar los apoyos internacionales y concretar acciones que empujen la salida de Maduro del poder. ¿Lo logrará esta vez? Está por verse, pero ese es para Guaidó uno de los dos retos centrales del año que apenas comienza. El otro es mantener a flote a un Parlamento sin sede, con un tercio de sus diputados principales perseguidos, tres encarcelados (Gilber Caro, Juan Requesens y desde el martes 21 de enero, Ismael León), y encarar el debate que ya está surgiendo en el seno de la oposición sobre si acudir o no acudir a unas elecciones parlamentarias que Maduro y su entorno llevarán adelante, amparándose -ahora sí a conveniencia- en lo establecido en la Constitución.