Grupos armados pugnan en pandemia por el control de la frontera

Desde la primera semana de febrero 2021, Amazonas se ha convertido en un teatro de operaciones militares.

Por un lado, está la 52 Brigada de Infantería de Selva del Ejército. Por el otro, fuerzas irregulares que, según una minuta parcial conocida el 5 de ese mes, pertenecerían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ese día, los combates en el sector Agua Linda, 27 kilómetros al norte de Puerto Ayacucho, dejaron un saldo parcial de seis fallecidos, cuyos nombres hasta ahora no han sido divulgados por la autoridad militar. El domingo 7 de febrero, pobladores de la capital amazónica reportaron la continuidad de los bombardeos.

No es la primera vez que los militares “filtran” información que da a conocer detalles sobre algún incidente en la franja fronteriza con Colombia. En septiembre de 2020, cuatro efectivos venezolanos murieron como consecuencia de un intercambio de fuego con el mismo grupo irregular en el sector La Charca en el estado Apure.

Según el director de Fundaredes, Javier Tarazona, los sujetos que actuaron en septiembre y a principios de febrero contra unidades de la FANB ni siquiera pertenecen a la facción que desconoció el Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016, encabezada por alias Iván Márquez y Jesús Santrich. “Estas son las disidencias de las disidencias”, advirtió.

Tarazona encabeza una organización que analiza muy de cerca la compleja realidad de la frontera venezolana, en especial la compartida con Colombia. Indicó que este grupo armado, con operaciones en el Arauca colombiano, Amazonas y Apure es un resultado de la división del antiguo Frente 10, y es comandado actualmente por el colombiano Ferley González, cuyo nombre de guerra es Fabián.

Entonces, las llamadas nuevas FARC, o Nueva Marquetalia, nacieron con el virus de la división. Según Tarazona, este proceso se ha acentuado desde 2019, y ha tenido consecuencias en el territorio nacional.

La organización de Fabián anda por la libre, e intenta apoderarse violentamente de los espacios que en algún momento fueron dominados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hasta noviembre de 2018, los elenos ejercieron cierto control sobre la capital de Amazonas. Pero el líder de este frente, Luis Felipe Ortega, alias Garganta, fue detenido por la Guardia Nacional en las afueras de la ciudad. El hombre permaneció en Ramo Verde hasta diciembre del año pasado, cuando un juzgado militar lo liberó. Ahora, Ortega también volverá por sus predios.

Guerrillas y bandas criminales

Los territorios de la frontera venezolana están en permanente disputa. Los informes de cuerpos militares a los que se ha tenido acceso para este trabajo revelan una dinámica en la que no es suficiente el control de los pasos limítrofes. Esta es apenas una fuente de recursos. A partir de allí, se establecen pasos o rutas que pueden ser utilizadas desde tierra adentro para la extracción o la introducción de mercancías y personas.

Los informes de la Fuerza Armada Nacional indican que en los estados Amazonas, Apure, Bolívar y Táchira operan por lo menos seis grandes estructuras ilegales. Están las FARC y el ELN, e igualmente Los Rastrojos, el Clan Usuga, el Tren de Aragua y pequeños grupos de autodefensas.

Desde finales de 2018, el ELN tiene la presencia más extendida. Sus frentes han logrado posiciones en once municipios limítrofes de los cuatro estados, analizados en este trabajo. Las FARC, en cambio, se han replegado hacia Amazonas, Apure y Bolívar.

Táchira es el estado en el que converge la mayor cantidad de grupos. Sin embargo, en los municipios fronterizos los militares han reconocido la presencia del ELN, Los Rastrojos y el Clan Usuga, al que anteriormente llamaban Los Urabeños. Las FARC e incluso otras guerrillas como las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (ya divididas) tienen cierta presencia en el interior del estado.

Según la criminóloga e investigadora de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) Anna María Rondón desde finales de 2019 y durante todo 2020 se reconfiguró el mapa de cobertura territorial de grupos irregulares. Por una parte, los llamados “paramilitares” o grandes bandas criminales fueron desmantelados o fragmentados por las disputas internas o por los enfrentamientos con autoridades nacionales. Para ella, bandas como La Línea no merecen mayor atención, por lo menos del lado venezolano. Esto ocasionó una extensión de la influencia de las guerrillas, en especial el Ejército de Liberación Nacional.

“Esta dinámica fronteriza se extendió a otros lugares del estado. Ahora, todos los municipios están marcados en mayor o menor medida por lo que sucede en la frontera”, sostuvo.

Indicó que, durante la cuarentena, cuadrillas del ELN hicieron tomas simbólicas de poblaciones en Seboruco, y sus miembros decían contar con el respaldo del Ejecutivo Nacional.

Según Rondón, una consecuencia de este desplazamiento es que los enfrentamientos violentos no se restringen al área limítrofe. Esto explica por qué en 2020 Junín, un municipio al sur del Táchira, tuvo un incremento de 180% en el número de víctimas de violencia letal.

Los confines de la violencia

Las estadísticas de la policía judicial, conocidas extraoficialmente, indican que en 2020 hubo 207 muertes violentas en los 19 municipios fronterizos existentes en los estados Amazonas, Bolívar, Apure y Táchira.

En cuatro municipios, el total de muertes reportado representa incrementos con respecto a 2019: Raúl Leoni (25%) y Sucre (14%) del estado Bolívar; Páez de Apure (19%), y Atabapo de Amazonas (200%).

Otros nueve municipios se mantuvieron con cifras de violencia similares a las de 2019. Cinco de ellos pertenecen a Amazonas (Autana, Maroa, Manapiare, Río Negro y Alto Orinoco), así como Pedro Camejo de Apure; Cedeño de Bolívar, y García de Hevia y Ayacucho en Táchira.

Los incrementos netos en los homicidios, así como los totales reportados en García de Hevia (43) y Ayacucho (28), según Rondón, obedecen a dinámicas en las que distintos grupos intentan monopolizar las actividades ilegales, o dejan un rastro de sangre en sus enfrentamientos con fuerzas del Estado, lo que se conoce como “resistencia a la autoridad”.

De igual forma, existen casos no registrados por las autoridades venezolanas, que tienen como víctimas a individuos que pierden la vida en el intento por cruzar la frontera, o que facilitaban este tránsito. A ellos se les conoce como “trocheros”.

Según Tarazona, en 2020 fueron contabilizados 39 homicidios en estos pasos informales. La mayoría de ellos están entre Táchira y el Departamento Norte de Santander.

Desde enero de este año, la prensa local ha reportado otros seis casos en el Norte de Santander, con víctimas venezolanas.

Todo esto sucedió en un contexto nacional de reducción neta de los homicidios y las muertes por resistencia a la autoridad, que llega a 40% con respecto a 2019. Mientras que la violencia letal disminuyó en casi todo el territorio venezolano, en la frontera con Colombia y Brasil hubo altas y bajas.

Según Rondón, en Táchira las estructuras criminales “se fortalecieron y aprovecharon la restricción al tránsito para identificar nuevas oportunidades para el delito”. Esta lógica también aplicaría para otros estados fronterizos como Apure y Bolívar.