Ir o no ir: las elecciones regionales como problema

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convoca a elecciones estadales y municipales para noviembre. Aunque renovado, este órgano se encuentra presidido por un ex ministro del PSUV. Años atrás, las gobernaciones y las alcaldías diversificaron el espectro político y generaron contrapesos al poder nacional. Sin embargo, hoy son entes intervenidos sin autonomía ni capacidad para ejercer una presión que altere el panorama político. En este marco, ¿es indispensable participar en estas elecciones para avanzar hacia la redemocratización del país?

¿Ir o no ir? [a las elecciones]. La desinstitucionalización y la erosión de la  democracia nos permiten afirmar que esta pregunta no es el equivalente a ¿votar o no votar? Analizar la pertinencia de participar en un evento electoral con un árbitro sin credibilidad, presos e inhabilitados políticos, y todo el Estado alineado en favor de un partido, conlleva a examinar más su pertinencia estratégica que a interpelar la “fe democrática” de la ciudadanía. En línea con esto, el que una parte (importante) de la dirigencia opositora dude o rechace asistir a un evento electoral en la actualidad, no responde a un descreimiento del mecanismo del voto o de la democracia misma, sino a una ponderación del momento y de las posibilidades dentro de un contexto adverso.

II

La pulseada entre las regiones y el poder nacional tienen vieja data. La Guerra Federal (1859-1863) fue su punto más álgido y significativo durante el largo proceso de construcción del Estado moderno. No obstante, fue entre fines de la década de los ‘80 y principios de los ‘90 del siglo pasado, cuando los estados territoriales y los municipios obtuvieron las posibilidades para ser verdaderos contrapesos políticos del Ejecutivo central. Es decir, cuando las regiones, entonces con mayor autonomía para autogobernarse, pudieron recaudar sus impuestos e instruir decisiones propias con el correspondiente impacto en el escenario nacional. Fue este el principal avance que trajo la descentralización en Venezuela. Un ejemplo concreto: Se amplificó el rol de los gobernadores como actores regionales legítimos ya no designados a dedo por el Presidente, lo que impulsó la posibilidad de mostrarse al país, oportunidad aprovechada principalmente por mandatarios de estados grandes como Zulia (Oswaldo Álvarez Paz, Manuel Rosales); Carabobo (Henrique Salas Römer); Miranda (Enrique Mendoza, Henrique Capriles); Lara (Henri Falcón); y también el rol de los alcaldes, fundamentalmente de los ubicados en la Gran Caracas, como en el municipio Chacao (Irene Sáez, Leopoldo López), o la Alcaldía Metropolitana de Caracas (Antonio Ledezma). Todos los anteriores han sido candidatos presidenciales y actores principales en la agenda política nacional, reacción de esa ola democratizadora encarnada en la descentralización de la singular (y muy centralizada) federación venezolana.

La posibilidad de autogestión, la independencia en la toma de decisiones y el aprovechamiento de los recursos propios y los recibidos vía situado constitucional y asignaciones extraordinarias, viabilizaron que los estados y municipios “vitrinas” pudieran exhibir buenas prácticas de gestión en obras y servicios con el efecto de catapultar al gobernante como el buen gestor que necesita el país. “Si así lo hizo en tal lugar, imagínate si fuera Presidente”, reza el dicho popular. Ese legado que fue la descentralización sigue presente en el imaginario social, aun cuando el régimen chavista ha hecho mucho por desmontar los gobiernos locales e imponer “protectores” comisarios que responden al Presidente y al PSUV, y no a los electores, vaciar las competencias en materia de gestión, recaudación y hasta el pago de las nóminas del personal en el territorio, eliminar las Juntas Parroquiales e instalar un inconcluso proyecto de “Estado Comunal”.

Esa esperanza en las regiones y sus dirigentes se mantiene, porque ha sido producto de un largo proceso de luchas, exigencias, resistencias y conciencia nacional en relación a la importancia del gobierno de cercanías. Sin embargo, la firme creencia en el liderazgo descentralizado también amerita ser reflexionada en el contexto actual, que presenta la convocatoria de una elección regional y municipal donde la oposición al chavismo pudiera acudir con una importante cantidad de candidatos proscritos, exiliados, presos o inhabilitados, con un Parlamento legítimo anulado por la justicia oficialista desde 2016, y un árbitro electoral poco confiable.

III

Algunos aspectos pertinentes para la discusión:

Los autoritarismos pueden ceder espacios y permitir características propias del régimen democrático como las elecciones, siempre y cuando estas no supongan un riesgo para el poder nacional. En Venezuela, desde el quiebre institucional con la anulación del Legislativo, las elecciones permiten mostrar flexibilidad y respeto a una norma escrita (garantizar el principio de continuidad) a pesar del incumplimiento de las garantías esenciales (ausencia de árbitro imparcial, candidatos proscritos, violación a los Derechos Humanos). Además, la convocatoria llega en el punto más intenso de las sanciones internacionales aplicadas por Occidente y en el contexto de una economía quebrada.

En su trayecto hacia el autoritarismo hegemónico, el PSUV ha permitido algunos espacios mínimos a la oposición (actualmente son 30 de 335 alcaldías y 4 de 23 gobernaciones); sin embargo, siempre y cuando estos espacios no opongan resistencia hacia las políticas disciplinantes instrumentadas por el Ejecutivo. En el caso de que exista resistencia, el resorte oficialista interviene, bien sea obstaculizando la transferencia de recursos, nombrando protectores, subordinando a las autoridades locales (reconocimiento de gobernadores opositores a la Asamblea Nacional Constituyente oficialista de 2017) o anulando el evento electoral (como ocurrió con el diputado Juan Pablo Guanipa electo en el estado Zulia en 2017).

Interrogantes: ¿Participar con el fin de asumir un número mayor o menor de gobernaciones y alcaldías bajo el actual escenario de cooptación para lograr cuál objetivo?, ¿que la oposición al chavismo hoy reducida prefiere preservar estos espacios “bandera”, o que es una minoría electoral en los términos que determina del régimen?

Como en toda decisión, el diagnóstico del problema y la evaluación del contexto son esenciales. Mientras el régimen del PSUV impulsa las elecciones regionales, el Parlamento legítimo busca un Acuerdo que provea las garantías mínimas para unos comicios nacionales generales. El movimiento democrático debe evaluar si prioriza la afirmación de varios espacios en el territorio con el riesgo de consolidar una minoría en estados y municipios ya intervenidos y sin capacidad para oponer resistencia de abajo hacia arriba; o si por el contrario enfoca su esfuerzo en una estrategia que le permita mejorar las condiciones del juego. En ambos caminos, la unidad de la oposición, dentro y fuera de Venezuela, es un diferencial clave.