“Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida: las comunas”. La orden que Hugo Chávez dio a Maduro ya en un lejano 20 de octubre de 2012, ha tardado en materializarse.
Sin embargo, 2021 es el año en que el sector reformista del Gobierno -y evidentemente el propio Nicolás Maduro- ha decidido moverse en simultáneo en dos escenarios: Las concesiones político-electorales para acercarse a los Estados Unidos y a la Unión Europea, el rediseño político-territorial y del modelo productivo del país.
Esta doble estrategia es facilitada por la dispersión de la oposición venezolana que continúa sin encontrar mínimos comunes que faciliten el acercamiento entre los distintos grupos y sus estrategias.
Mientras la oposición trata de encontrar la unidad que se fue perdiendo paulatinamente a partir de 2016, las concesiones político-electorales unilaterales de Maduro siguen produciéndose. Después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera ilegalizar al partido Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por incurrir en el delito de doble militancia, y la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020) ordenara que la MUD se sometiera a la relegitimación de su militancia, el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) acordó habilitar nuevamente al extinto partido que representó a la alianza de las principales organizaciones de oposición en las elecciones parlamentarias de 2015.
“Con o sin negociación estos proyectos de leyes describen su estrategia: un cambio profundo de la división político-territorial y del modelo productivo que tendrá su confirmación en la elección presidencial prevista para 2024”
Adicionalmente el CNE acordó conceder la categoría de partido de ámbito nacional (esto le permitirá postular candidatos en todos los estados) a la organización Fuerza Vecinal, que está constituida principalmente por todos los alcaldes opositores del Área Metropolitana de Caracas (municipios Baruta, Chacao y El Hatillo), y por el resto de burgomaestres electos en 2017 que se postularon a pesar que sus partidos decidieron no participar en esos comicios.
Vota negro
Aunque el debate se ha centrado en el renacimiento de la MUD, ha pasado desapercibido que el CNE también aprobó la tarjeta ADelante. Posiblemente se vea en el tarjetón del 21 de noviembre una tarjeta negra de Acción Democrática (AD) para recuperar la blanca, como ya ocurrió hace varias décadas. Aunque no existe confirmación oficial de AD conducido por Henry Ramos Allup sobre esta estrategia, no sería la primera vez que Acción Democrática llegue dividida a un evento electoral. Así ocurrió en 1963 y el slogan de Raúl Leoni fue: “Si no es blanco, es negro: Vota negro para recuperar la blanca”.
El CNE también ha dado concesiones técnicas, especialmente ha permitido la auditoría especial al nuevo sistema automatizado de votación para aclarar las dudas sobre el funcionamiento del sistema de escrutinio, transmisión y totalización de votos. Como ocurrió durante los 14 años que Tibisay Lucena presidió el CNE, la estrategia del organismo electoral es llevar el debate sobre las elecciones en Venezuela a un terreno en donde puede salir bien parado: el funcionamiento del sistema automatizado. Las auditorías especiales hechas hasta la fecha demuestran que, a pesar de algunos cambios, el CNE y la empresa ExClé se limitaron a copiar la mayoría de los módulos diseñados por Smartmatic. Paralelamente el CNE (a instancias del gobierno de Maduro) ha aprobado realizar el operativo especial del Registro Electoral más amplio de los últimos años, aunque se mantiene el sesgo en la distribución de los puntos de actualización. Sin embargo, lo más importante aún no ha ocurrido: una revisión amplia, no solo de los últimos movimientos en el padrón de votantes, sino sobre la integridad de la base de datos de votantes.
“No se debe olvidar que uno de los principales cambios que se perseguían con la imposición del Poder Comunal o del Estado Comunal es el cambio del modelo productivo e incluso del concepto de propiedad”
Desde el punto de vista político. Maduro admitió -al menos indirectamente- que continuamente desconoció los resultados electorales que le resultaron adversos, al nombrar “protectores” en los estados y municipios gobernados en algún momento por la oposición.
“A partir de estas elecciones, creo que lo mejor es que, gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio. Vamos a eliminar esto que hemos denominado protectorado, por estado y municipio, para que gane el que gane. Que gobiernen y punto. Vamos a ver qué tal les va”, explicó Maduro ante la sorpresa generalizada.
Incluso, el chavismo admitió algo impensable hace apenas unos meses: modificar el Reglamento de Observación Internacional para facilitar que la Unión Europea envíe al país una Misión Exploratoria y posteriormente -si están dadas las condiciones- una Misión de Observación Electoral, la primera desde 2006.
Todas estas concesiones no están pensadas exclusivamente para el 21 de noviembre. Están enfocadas en construir una ruta electoral hasta el 2024 que sea reconocida por la comunidad internacional y que le permita al Gobierno acceder nuevamente al control de activos que hoy se encuentran congelados.
Mientras tanto, la oposición sigue dividida en tres grupos con posturas irreconciliables en este momento. ¿La nueva negociación? En este momento no se puede prever que sea exitosa porque las partes no están aún convencidas de esta ruta. Maduro desconfía de un proceso en donde no participe directamente EE.UU. y el Gobierno interino ha decido participar obligado por las circunstancias y por la evolución de la dinámica interna, más que por convencimiento que después de cuatro intentos ahora sí existirá un proceso de negociación efectivo.
Algo que el sector opositor no ha logrado interiorizar, es que Maduro acudirá a una nueva negociación tratando de garantizarse gobernabilidad. La idea opositora que Maduro acude a negociar para claudicar es poco realista en este momento, especialmente porque este es el punto en que el Gobierno interino está más debilitado y con menos apoyo desde el 2019; y esto incluye el acceso a los recursos congelados por EE.UU. Al momento de escribirse estas líneas las licencias para que el interinato pueda disponer de los recursos previstos en el Presupuesto 2021 no han sido aprobadas. Sin estos recursos, la burocracia del Gobierno interino e incluso su control sobre los partidos del G4 disminuye significativamente.
El Plan B
Mientras la oposición aun no acuerda su estrategia principal, Maduro avanza en su Plan B, en caso de que la negociación no sea efectiva. El proyecto de Ley de Ciudades Comunales, junto a las Zonas Económicas Especiales, el proyecto de Ley para los nuevos emprendimientos y la reforma a la Ley de Hidrocarburosdibujan el país que aspira a controlar el chavismo en los próximos años. Con o sin negociación estos proyectos de leyes describen su estrategia: un cambio profundo de la división político-territorial y del modelo productivo que tendrá su confirmación en la elección presidencial prevista para 2024.
La consolidación del Estado Comunal es un viejo anhelo del chavismo. El paso que Nicolás Maduro no dio a través de la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020), lo piensa ejecutar ahora a través del Parlamento designado el 6 de diciembre de 2020.
“Como se ha reiterado desde 2007, la Constitución de 1999 no contempla como parte de la división político-territorial ni la figura de ‘comunas’ ni la de ‘ciudades comunales’”
Como se ha reiterado desde 2007, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) no contempla como parte de la división político-territorial ni la figura de “comunas” ni la de “ciudades comunales”. En todo el texto de la Carta Magna sólo aparece la palabra “comunal” en una oportunidad, referida específicamente a las empresas comunales de servicios (Artículo 184).
Sin embargo, ni lo dispuesto en la Carta Magna ni el resultado del referendo constitucional de 2007 han provocado que el chavismo olvide su estrategia.
De aprobarse el proyecto de Ley de Ciudades Comunales tal y como está redactado en estos momentos Maduro, a través de la creación de ciudades comunales, tendrá la posibilidad de sustituir las diferentes instancias de gestión regional, local y municipal (gobernaciones, alcaldías y concejos municipales), mediante la transferencia de recursos y competencias, a autoridades no electas por el voto universal, libre y secreto.
De esta manera, la concesión unilateral de Maduro de no designar nuevos protectores a las regiones gobernadas por la oposición pierde todo sentido, si finalmente se aprueba la Ley de Ciudades Comunales.
De avanzar en esta idea, el chavismo agravará la delegación absoluta de la capacidad de gestión y decisión en la cúpula del poder estatal, la opacidad en la gestión pública y las anomalías en la gestión de los recursos. Lo anterior se evidencia en su artículo 53 al establecer que las actuaciones de las Ciudades Comunales se regirán por el principio de gobierno obediencial y de una corresponsabilidad, que a su vez libra al Estado de sus obligaciones, trasladándolas a esta inconstitucional estructura política.
De igual modo, preocupa que en su artículo 49 se autorice a las Ciudades Comunales a la construcción, ocupación y uso de espacios públicos, de forma genérica, sin regulación ni controles.
Mucho más grave es la delegación de funciones de seguridad ciudadana y defensa de soberanía a las ciudades comunales, como las que establece el proyecto de ley en sus artículos 47 y 48, 50 y 51.
Provea ha advertido por ejemplo que esta delegación de funciones representa un avance en la institucionalización del estado policial en el país y generará condiciones para continuar con la violación sistemática de los Derechos Humanos.
En paralelo, el nuevo sistema económico y el nuevo modelo productivo están desarrollados en las Zonas Económicas Especiales, el proyecto de Ley para los nuevos emprendimientos y la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que son instrumentos legales que deben analizarse por separado debido a todos los impactos que tendrán.
Por otra parte, no se debe olvidar que uno de los principales cambios que se perseguían con la imposición del Poder Comunal o del Estado Comunal es el cambio del modelo productivo e incluso del concepto de propiedad: No son tan lejanos los días en que dentro de chavismo se discutía de, al menos, siete tipos diferentes de propiedad:
- La propiedad pública que pertenecerá a los organismos del Estado.
- La propiedad social que debe pertenecer al pueblo y podrá ser de dos tipos:
- La propiedad social indirecta, cuando sea ejercida por el Estado a nombre de una comunidad.
- La propiedad social directa cuando el Estado la asigna, bajo distintas formas y en ámbitos territoriales demarcados, a una o varias comunidades, a una o varias comunas, constituyéndose así en propiedad comunal o a una o varias ciudades, constituyéndose así en propiedad ciudadana.
- La propiedad colectiva que debe pertenecer a grupos sociales o personas, pudiendo ser de origen social o de origen privado.
- La propiedad mixta que será la conformada entre el sector público, social, colectivo y privado, en distintas combinaciones.
- La propiedad privada que según las leyes del Poder Popular es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo y medios de producción legítimamente adquiridos.
Aunque el debate en las redes sociales se centra en las elecciones el 21 de noviembre, estos comicios son solo la puerta de entrada a un proceso político mucho más complejo entre 2021 y 2024. El chavismo ya ha exhibido sus cartas, solo falta saber si la oposición sabrá utilizar las concesiones unilaterales de Maduro para lograr fracturar a la coalición gobernante, o solo seguirá discutiendo por mantener la estrategia y la estructura burocrática creada a partir de 2019.
@puzkas