El pasado 18 de agosto, cuando recién se estaban iniciando los diálogos en México, Nicolás Maduro confirmó que se incluiría en las negociaciones la exigencia de recuperar Monómeros Colombo-Venezolanos, una empresa productora de fertilizantes que funciona en Barranquilla y de la que la presidencia interina de Juan Guaidó tomó control en 2019.
“Que se haga un documento claro, directo, contundente, oficial, de todos los productores venezolanos para que el doctor Jorge Rodríguez, plenipotenciario por Venezuela, lleve como punto fundamental en la primera sesión del diálogo y la negociación de México la firma de un documento para que la empresa Monómeros se le regrese a su dueño, a Pequiven (Petroquímica de Venezuela), a PDVSA, al país”, dijo Maduro en ese momento.
Dos días después, la Superintendencia de Sociedades sometió a control a la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos. La determinación fue tomada mediante la Resolución número 301-004466, del 20 de agosto de 2021, y la medida se constituye como el máximo grado de supervisión que puede ejercer la Superintendencia sobre una compañía vigilada. Esto significa que la empresa estará bajo “el máximo grado de supervisión” con el fin de “ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo”, explicó la Superintendencia. Esta decisión, sin embargo, solo se conoció hasta este martes 7 de septiembre, día en que representantes de Maduro y de la oposición adelantaban otra jornada de diálogos en México.
¿Cuáles son los correctivos necesarios que estarían “bajo máxima grado de supervisión” en Monómeros?
A continuación la denominada “Sociedad” cuando se refiere a la empresa Monómeros Colombo-Venezolano:
En el orden jurídico: “El gran volumen de demandas de naturaleza laboral constituye un aspecto de relevancia que amerita una supervisión mayor, en la que por parte de la Sociedad se presenten los respectivos planes y programas de mejoramiento, tanto respecto del número de demandas laborales, como de los posibles efectos que pudieran tener las contingencias, en el evento en que los respectivos fallos resultaran desfavorables para la Sociedad.
El Grupo de Supervisión de Programas y Riesgos Especiales, de la Dirección de Cumplimiento, de la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables, realizó una toma de información virtual a la Sociedad, con el fin de verificar el cumplimento de la adopción de programas de transparencia y ética empresarial, así como normas internas de auditoría y mecanismos para prevenir el Soborno Transnacional (“Programas de Transparencia y Ética Empresarial”).
Al respecto, mediante Memorando 240-007936 del 12 de agosto de 2021, la Dirección de Cumplimiento informó a esta dependencia lo siguiente:
- Según los informes de visita, se advierte que, presuntamente, la sociedad ha incumplido algunas de las disposiciones establecidas en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, que guardan relación con la correcta adopción del Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Adicionalmente, de manera preliminar, se evidencia que la sociedad tampoco ha seguido las instrucciones relacionadas con la adopción del Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Libro de Junta Directiva: Del estudio a las actas de las reuniones celebras por la junta directiva, se observó que las decisiones que representan la mayoría de operaciones internas y externas de la sociedad, son autorizadas por la junta directiva, observando que las respectivas actas carecen de solemnidad. Adicionalmente, se aportaron hojas sueltas de las reuniones que no están asentadas en el respectivo libro y carecen de firma por parte del presidente y secretario de la reunión.
En ese sentido, la carencia de firmas de las actas del órgano colegiado que adopta, entre otras, las principales decisiones sobre el desarrollo del objeto social, en conjunto con las otras situaciones descritas en este acto administrativo, evidencian una situación crítica de orden jurídico, que justifica una mayor fiscalización de la Sociedad, esto es, su sometimiento control por parte de esta autoridad”.
En el orden administrativo: -Presunto Favorecimiento para contratar con proveedores. -De las entrevistas realizadas, se observó un presunto favorecimiento en la asignación por parte del gerente general hacia algunos contratos. (…) Las circunstancias expuestas en este acto administrativo, se evidencia un posible riesgo en las medidas de control interno de la Sociedad, en lo relativo a la eficacia y eficiencia de sus operaciones, y los riesgos asociados a las mismas (…) Consta en el informe que, la actual administración de la Sociedad habría realizado traslados de personal, que fueron considerados como represalias por manifestar desacuerdo con algunas políticas del administrador Rodríguez Laprea, para cargos en los que los empleados manifiestan no tener el perfil adecuado e incluso con una denuncia por acoso laboral. -De las entrevistas realizadas, se observó un presunto favorecimiento en la asignación por parte del gerente general hacía algunos contratos a realizarse, al recibir respuesta negativa de la gerente de contrataciones se presume fue el detonante para su traslado de área”.
Decisión:La situación que afronta actualmente la Sociedad, que amenaza su equilibrio económico, su capacidad de pago, su flujo de caja, circunstancias cuya gravedad tienen la capacidad de amenazar la existencia de la compañía y los derechos de terceros, a raíz de sus antecedentes con la lista de la OFAC y sus efectos hoy por hoy, traducidos en la práctica en importantes dificultades para la realización de operaciones con el sector financiero, los sobrecostos asociados a lo anterior, el alto apalancamiento, y la amenaza de posible iliquidez, en un corto plazo, hacen necesaria la supervisión desde un grado mucho más intenso.
En este entorno, donde además se presentan evidencias preliminares de conductas, omisiones o anormalidades, que afectan gravemente su proceso jurídico; en lo relativo al cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, que guardan relación con la correcta adopción del Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; la adopción del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, Circular No. 100-000003 de 2016 y sus modificaciones o adiciones; surge evidente la justificación de un mayor seguimiento a la Sociedad. No menos relevante, resultan todos los hechos asociados con los riesgos en las medidas de control interno, asociados entre otros, con el tan cuestionado contrato con una sociedad extranjera, con ocasión de lo cual, evidentemente, se generaron efectos negativos. En ese orden, el sometimiento al control de la Sociedad por parte de esta Superintendencia surge necesario como una medida preventiva, como también, habida cuenta, que la decisión no es de sanción, dada su naturaleza y lo sostenido por la jurisprudencia, sino bien, enmarcado en el objetivo de la preservación del orden público económico, por las circunstancias expuestas”.
Monómeros y su operación en Colombia
La empresa, fundada en 1967, empezó a operar en Colombia con participación de Ecopetrol, el Instituto de Fomento Industrial (IFI) y el Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP). En 1977 la estatal Pequiven, filial de PDVSA, asumió las operaciones de la IVP, y en 2006 se quedó con el total de las acciones de Monómeros, tras comprárselas a Ecopetrol y el IFI.
Tras la proclamación de Juan Guaidó como Presidente interino, en enero de 2019, uno de sus mayores planes fue asumir el control de varias empresas estatales de Venezuela que operan en el exterior, como la petrolera Citgo. Y ese también fue el caso de Monómeros. Guaidó ha justificado su decisión con el argumento de que el régimen de Nicolás Maduro se ha enriquecido a costa de esos activos.
La importancia de Monómeros en el mercado colombiano es vital, pues produce el 88% de los fertilizantes en el departamento del Atlántico y cubre cerca del 50% de ese mercado en Colombia, según ha explicado el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza, a El Heraldo. Además, abastece el 70% de la demanda de fertilizantes entre los productores de papa, café y palma, de acuerdo con La República. A esto hay que añadir que durante 2020, Monómeros tuvo ingresos superiores al billón de pesos y sus utilidades fueron de 32.000 millones, 224% más que lo registrado en el año anterior.
Y también está el factor laboral: La empresa “genera más de 600 empleos directos y cerca de 1.500 indirectos” en Buenaventura y Barranquilla, advierte El Heraldo, que en un editorial del pasado 1o de septiembre le pidió al presidente Iván Duque tomar acciones ante la posibilidad de que Monómeros regrese al control de Maduro.
“Perder a Monómeros, o por lo menos debilitar su sólida estructura financiera y actual capacidad de producción -luego de ser saneada-, sería un duro golpe para la economía colombiana que podría impactar la seguridad alimentaria de millones de personas. Pero, sobre todo, afectaría enormemente la estabilidad económica y social de Barranquilla”, dice Erika Fontalvo, directora de El Heraldo.
El control de la Supersociedades
Según la Supersociedades, se identificaron “situaciones susceptibles de mejora” en los “procesos económicos, jurídicos y administrativos” de la compañía.
En 2017, Monómeros había sido incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo que afectó su operación comercial. Pero en 2019, después de que Guaidó asumió el control de la empresa, la oficina le levantó las sanciones, de modo que Monómeros pudo volver a operar sin restricciones financieras.
Otro factor que, presuntamente, tuvo que ver con la decisión de la Supersociedades fue la denuncia del diputado venezolano José Luis Pirela, quien señaló a Monómeros de haber suscrito un contrato con una empresa panameña, registrada hace apenas tres años, a la que le supuestamente le cedía el 60% de las utilidades.
El contrato se canceló el pasado 28 de junio, y Monómeros calificó de “señalamientos oprobiosos” la denuncia de Pirela. El diputado, sin embargo, se ha mantenido firme con sus acusaciones y, después de que se conoció la decisión de la Supersociedades, aseguró que la empresa está “acechada por intereses oscuros” y un lobby que quiere comprarla.
Monómeros, por su parte, emitió un comunicado en el que rechaza las razones de la Supersociedades para el sometimiento a control. “La Superintendencia parece haber basado su decisión en información desactualizada y en apreciaciones que no se compadecen con las actualidades y realidades económicas del país”, dice la compañía.
La empresa, además, afirmó que la exigencia de devolverle la empresa a Maduro no “está en la agenda de las discusiones que actualmente se sostienen en México con los grupos que conforman la oposición al régimen venezolano”.
Y como era de esperarse, los representantes de Nicolás Maduro en las negociaciones de México rechazaron la decisión de la Supersociedades y reiteró que el asunto sí se someterá a los diálogos: “Monómeros es una industria que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. Cualquier posición, cualquier actuación, cualquier iniciativa que haya tomado el gobierno de Duque no se puede calificar de ninguna otra manera como no sea de un robo flagrante”, dijo Jorge Rodríguez, vocero de Maduro.
“No tenga duda que esta mesa va ser un escenario donde nosotros traeremos ese y otros elementos de violación flagrante al ordenamiento jurídico internacional”, agregó.
Frente a la decisión de la Superintendencia de Sociedades de Colombia Monómeros “presentará los recursos de ley” con el fin de revocarla. Por su parte, Rodríguez anunció que los diálogos en México se retomarán el 24 de septiembre. Habrá que esperar qué pasará con las pretensiones sobre esta importante productora de fertilizantes que parece haberse convertido en la ‘joya de la corona’ para el régimen de Maduro.