Por estos días volvió a ser del interés público el tema de la implementación de peajes en las principales autopistas y carreteras de Venezuela, en virtud del anuncio de que serían activados en todo el territorio nacional. La memoria reciente indica que tuvimos 42 peajes operativos hasta el año 2008, en que por disposición del Ejecutivo Nacional se eliminó la recaudación y fueron desmanteladas las instalaciones. La medida buscaba facilitar el libre tránsito por la red vial, ante el incumplimiento de la distancia mínima entre estaciones de recaudación (80 km, de acuerdo con la normativa vigente) y la ausencia de vías alternas en buenas condiciones para transitar, a decir de las autoridades. Previo a la decisión, se produjeron algunas protestas por el aumento de las tarifas, que oscilaban entre los 200 bolívares para vehículos ligeros y los 13.000 bolívares en el caso de vehículos pesados de 7 ejes, en divisas 0,09 a 6 dólares, según la tasa de cambio oficial. Como referencia a las tarifas de peajes en Venezuela, en Colombia por ejemplo estas rondaban entre 50 centavos de dólar y 5 dólares.
En ese tiempo anterior a la eliminación de los peajes, la administración de vías troncales, se delegó a las gobernaciones por donde discurrían los tramos, con lo cual se observaba una competencia entre las autoridades regionales por prestar mejor servicio. El día a día en la vía, daba cuenta del personal en diversos trayectos haciendo labores de desmalezamiento de los laterales, remarcado de vía, limpieza de señales, limpieza de estructuras de drenaje, reposición de luminarias, así también se observaba patrullaje de efectivos de seguridad ciudadana, presencia de vehículos de atención médico-asistencial, instalaciones como módulos de auxilio vial, entre otros muchos elementos que sumaban a la conducción segura.
“No hay que perder de vista la racionalidad en la fijación de estas tarifas; las recomendaciones internacionales indican que no deben superar el índice de precios al consumidor del año anterior”
En 2015, por disposiciones publicadas en junio, el Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas encomendaba la administración de estaciones recaudadoras de peaje ubicadas dentro de su jurisdicción, a las gobernaciones de Guárico, Bolívar, Cojedes, Carabobo, Monagas, Trujillo, Mérida, Zulia, Táchira, Portuguesa, Yaracuy, Aragua, Falcón y Anzoátegui, sin intermediarios ni concesiones, por un lapso de cinco años prorrogables. Entre los términos de la encomienda se daba un año para que los gobiernos regionales adecuaran las instalaciones y servicios; de las 61 estaciones de peaje, 31 de ellas inoperativas. Las noticias de la época, recogían declaraciones del Ministro, según las cuales el cobro se haría únicamente al transporte de carga, quedando exceptuados vehículos particulares y transporte público. En todo caso, el compromiso era destinar los recursos provenientes del cobro en los peajes, a la instalación de sistemas automatizados de cobro, y de control de peso, altura, y velocidad; mantenimiento preventivo rutinario en los tramos; construcción y mantenimiento de paradores y refugios de transporte, y baños públicos; prestación de servicios de seguridad vial, asistencia gratuita de grúas y ambulancias; pago de personal.
Los peajes, en todo el mundo, son instrumentos de recaudación de fondos para el mantenimiento de las redes viales y en algunos casos conjuntamente para inversión en mejoras del transporte público en la trama urbana de las ciudades. En América Latina, aparecieron también los peajes como un mecanismo de recuperación de capital en el caso de las concesiones, esquema de gerencia de infraestructura vial que se extendió en la década de los años ‘90 del siglo pasado. En Venezuela, algunas pequeñas obras de infraestructura (ampliaciones, construcción, mejoras) fueron en parte financiadas con el cobro de peajes, además de la inversión en conservación vial. Sin embargo, según el Global Competitiveness Report 2019, del Foro Económico Mundial, en materia de infraestructura Venezuela ocupa el lugar 119, de 141 países que han sido considerados. Específicamente en cuanto a calidad de la infraestructura vial, registra un índice de 2,6 en una escala entre 1 y 7, donde 7 es el mejor, y ocupa el lugar 128. Ello denota la necesidad de invertir una cantidad ingente de recursos, a fin de mejorar y alcanzar estándares que nos lleven a ocupar sitiales de honor en este ranking.
“En palabras de los profesionales del área expertos en conservación vial, se requieren cerca de 190.000 dólares por km al año, para la recuperación de la vialidad en un lapso de diez años”
Ahora bien, cuánto es lo que se recauda a nivel nacional por concepto de peajes, es una información indispensable para proyectar escenarios de mejoras en un corto, mediano y largo plazo, pues con ello es posible estimar mediante indicadores referenciales de costo de conservación, en cuánto tiempo empezaríamos a ver los cambios fundamentales, a manera de aproximación. Sin embargo, investigando en anuarios estadísticos del antiguo Ministerio de Infraestructura y otros informes, inclusive intentando documentar el tema mediante cifras oficiales de instancias gubernamentales más recientes, no ha sido posible conseguir información pública de libre acceso en la nación. En un intento por dar algunos indicios del monto que ingresa por peajes, con base en la experiencia de otros países inclusive, sería útil tener acceso a estadísticas de conteos de tránsito en las principales autopistas y carreteras, cifras de consumo de combustibles de vehículos automotores (en regiones y municipios), parque automotor actualizado (por regiones y municipios), data sobre transporte de carga interregional, inventario vial actualizado de la red vial nacional (extensión, condición o estado), de los entes oficiales del Estado.
Como un ejercicio académico, usando las “matemágicas”, se puede pensar en el peaje de Tazón, al que podrían llegar unos 20.000 veh/día, de los cuales un 75% son vehículos ligeros, 20% de carga y 5% de transporte público, cifras que presumo con base en los conteos más recientes en la Autopista Regional del Centro (Vitraf, 2017). Con ese volumen de vehículos y según la distribución por tipo, de acuerdo con las tarifas vigentes de 1 bolívar para vehículos livianos, 25 bolívares para camión de tres ejes, y 4 bolívares para buses, se recaudarían a diario en ese peaje 119.000 bolívares que, acorde con la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela de 4,24 Bs/dólar al 15/3/2022, serían el equivalente a unos 28.000 dólares, aproximadamente; al año, 10.220.000 dólares. Si en ese estimado suponemos un viaje promedio en esta ruta como sería Maracay, el recorrido desde Caracas (salida Tazón) por la Autopista Regional del Centro, hasta la entrada de Palo Negro, serían unos 130 km, con lo cual, tomando en cuenta el monto previo, se estarían recaudando algo más de 78.000 dólares por km, lo que sería insuficiente para llevar a la red vial a los estándares de calidad deseados, dado que en palabras de los profesionales del área expertos en conservación vial, se requieren “a ojo de buen cubero”, cerca de 190.000 dólares por km al año, para la recuperación de la vialidad en un lapso de diez años.
“Según el Global Competitiveness Report 2019, del Foro Económico Mundial, en materia de infraestructura Venezuela ocupa el lugar 119, de 141 países que han sido considerados”
Si bien en este ejercicio de la imaginación, puede presumirse que la recaudación con las tarifas actuales no será suficiente, considero buena idea retomar los peajes y el cobro, pero no hay que perder de vista la racionalidad en la fijación de estas tarifas; las recomendaciones internacionales indican que no deben superar el índice de precios al consumidor del año anterior. Como referencia, aunque las tarifas varían según las condiciones particulares de cada país, en Chile el peaje es de 6 dólares, en Colombia 2 dólares, en México 4,4 dólares; en Europa ronda entre 3 y 5 céntimos de euro/km.
La esperanza no se pierde, en tanto todos los que transitamos por la red de vías nacionales esperamos tener un modelo de gestión de peajes eficiente, con sistemas de recaudación electrónicos e integrados, tarifas acordes con la calidad del servicio prestado por la vía, contando con áreas de descanso y otros servicios auxiliares que sumen a favor de la seguridad vial y la seguridad ciudadana. De igual forma, los ciudadanos esperamos contar con información actualizada y de libre acceso sobre el número de peajes, montos de recaudación y de inversión, vehículos en circulación, entre otros tantos datos propios de la transparencia.